Urkullu podrá multar con 10.000 € las ofensas a cualquier víctima de Franco sin que medie un juez

El Parlamento vasco ha aprobado este jueves -con el voto en contra de PP, Vox y Ciudadanos- la llamada ley de «memoria histórica y democrática», que busca «recuperar, restaurar y rehabilitar» la memoria de las víctimas del franquismo y que no incluye mención alguna a las de ETA. La nueva norma incorpora un régimen sancionador que, entre otros, permitirá al Gobierno vasco que preside Iñigo Urkullu (PNV) multar con hasta 10.000 euros a quien «utilice o emita expresiones ofensivas, vejatorias o atentatorias contra la dignidad de las víctimas o de sus familiares de la Guerra Civil». La iniciativa del procedimiento corresponderá al Instituto para el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos (Gogora), entidad pública presidida por el propio lehendakari. Y las multas las podrán imponer, además de este ente, el Consejo de Gobierno (en el caso de las sanciones más graves, castigadas con hasta 150.000 euros) o incluso los alcaldes. Se perseguirán las expresiones vertidas «en cualquier medio de comunicación, en discursos o intervenciones públicas o en plataformas digitales, así como cualquier tipo de manifestación que suponga el enaltecimiento del franquismo».

La ley perseguirá así estos hechos por la vía administrativa y, en consecuencia, sin las garantías procesales de la Administración de Justicia al no tratarse de un procedimiento penal. El delito de vejaciones -frases y palabras ofensivas que causan daño psicológico y emocional a una persona- ya se recoge en el Código Penal, castigado con localización permanente, trabajos en beneficio de la comunidad o multa, aunque sólo afecta a personas entre las que exista un vínculo, no en casos de terceros.

Además, el Código Penal recoge, en su artículo 510, el «delito de odio», con penas de uno a cuatro años de cárcel y multa de seis a doce meses para «quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada» por razón, entre otros, «de su sexo, orientación o identidad sexual o por razones de género». El Gobierno vasco se reserva acudir a los tribunales en el caso de que dichas conductas puedan ser tipificadas como tales.

Ley de Urkullu y víctimas de Franco

La ley del Gobierno de Urkullu sobre las víctimas de Franco y otras ha contado con el voto a favor del PNV, PSOE y Bildu. La oposición ha criticado que «se olvide» el terrorismo de ETA, al que no se hace mención alguna. Y ello, pese a que en la exposición de motivos se hacen múltiples alusiones a la contribución de la norma a la «promoción de una sociedad justa, pacífica y en convivencia democracia».

Ello, dice el texto, «requiere de una tensión vigilante que se prolongue en el tiempo y que permita la progresiva sanación de las profundas heridas sociales como ejercicio imprescindible de justicia».

«La democracia no puede asentarse con todas sus garantías y de forma plena y duradera si no es capaz de generar las condiciones en las que el legítimo debate público pueda desarrollarse con la máxima pluralidad ideológica, pero en un marco en el que las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos del pasado sean conocidas en sus causas y efectos para que puedan servir como antídoto», prosigue la nueva ley del ejecutivo de Urkullu sobre víctimas de Franco y otras, sin referencia alguna a las 856 víctimas de la banda terrorista.

El régimen sancionador, además, califica como infracciones graves, las manifestaciones o exhibiciones por parte de representantes públicos y funcionarios que enaltezcan o hagan apología del golpe militar de 1936 y de la dictadura.

También se sanciona la celebración de actos y homenajes para la conmemoración, la exaltación o el enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936, incluidas las celebraciones asociadas al 18 de julio, y de la dictadura franquista, de sus dirigentes o de sus organizaciones.

Ley de víctimas innecesaria para el PP

El parlamentario del PP Carmelo Barrio ha calificado la ley de «innecesaria» y «amputada de nacimiento» por el «grave olvido histórico y democrático, que es que el terrorismo que hizo acto de presencia, especialmente desde finales de los años 60». Barrio ha recordado que «ETA con su estrategia criminal trató de imponer un proyecto político totalitario».

Por parte de Vox, se ha criticado también el hecho de que «es una ley para manipular recuerdos y conciencias» y que «olvida la actividad terrorista de ETA hasta el año 1979».

«No son las víctimas que faltan en esta ley las que les preocupan, sino las que están», han señalado desde Bildu, formación que no ha condenado la actividad criminal de la banda.